En América Latina hay un estable y establecido mercado de vapeo que coexiste con las leyes que prohíben las ventas comerciales de productos de vapeo. Este es el caso en todos los países de América Latina, excepto Costa Rica y Colombia. El ambiente informal de “no regulación” que ha servido a los vapeadores y a la industria del vapeo en América Latina, y en muchos países de bajos y medios ingresos (LMIC, Low-to-Middle-Income Country) en todo el mundo, es muy diferente del medio ambiente en países de altos ingresos como Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países europeos.
La mayoría de las veces estas prohibiciones no se aplican rigurosamente, ya que la aplicación de la ley es laxa y los organismos reguladores que deberían hacerlas cumplir no tienen los recursos y el personal para hacerlo (no hay comparación con la estructura de la FDA, U.S. Food and Drug Administration). Si bien las ventas de cigarrillos electrónicos están, estrictamente hablando, fuera de la ley, no son operaciones del mercado negro dirigidas por delincuentes organizados, sino pequeñas empresas dirigidas por vendedores que actúan dentro de los grandes mercados informales no regulados que prevalecen en la región.
La oposición al vapeo ha sido (y sigue siendo) dura y visceral, pero está restringida a grupos organizados en oposición al tabaquismo que afirman luchar contra la industria del tabaco (que erróneamente afirman que promueve el vapeo). Estas son organizaciones no gubernamentales (ONG) patrocinadas por Bloomberg Philanthropies y organizaciones benéficas asociadas como la Campaña para Niños Libres de Tabaco (CTFK, Campaign for Tobacco-Free Kids), que actúan en sinergia con grupos pequeños pero influyentes de profesionales de la salud agrupados en las secciones de control del tabaco de las instituciones gubernamentales de salud pública.
La evidencia de que las recomendaciones de The Union son tomadas en serio por las autoridades de salud en América Latina es aportada por el endurecimiento gradual de la reciente legislación contra el vapeo, que se ajusta a una clara estrategia de prohibición en la región.
La llamada crisis del EVALI en los Estados Unidos proporcionó una «tormenta perfecta» que interrumpió la calma previa de «no regulación» en América Latina. El tema EVALI llevó el mensaje contra el vapeo a los niveles más altos del gobierno y generó una reacción pública de miedo y sospecha contra el vapeo. (Dos factores probablemente mitigaron esta crisis en cierta medida: (1) no se produjeron casos de EVALI en la región, y (2) la embestida contra el vapeo se identificó directamente con los gobiernos, que desconfían profundamente de grandes sectores del público).
Una vez que la pandemia del Nuevo Coronavirus llegó a los países latinoamericanos (a principios de marzo de 2020), los ataques motivados por el tema EVALI cesaron; Debido a que las instituciones de salud de repente tuvieron que lidiar con una verdadera pandemia global, se vieron obligadas a dejar de lado el vapeo temporariamente. A los grupos anti-vaping les hubiera gustado usar el COVID-19 como una nueva oportunidad para continuar el ataque, pero tuvieron que enfrentar el hecho de que los datos mostraban inequívocamente otros factores (vejez, diabetes, obesidad) como factores más determinantes de riesgo que vapear (o incluso fumar). Esto, junto con la ausencia de registros documentales de vaperos gravemente enfermos o muertos por COVID-19, hasta ahora les ha impedido de repetir el truco EVALI.
El multimillonario Michael Bloomberg es una figura pública bien conocida en los EE.UU. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses desconocen la influencia abrumadora de su filantropía en las políticas de salud pública (azúcar, alimentos y tabaco / nicotina) en América Latina y en los países de bajos ingresos en todo el mundo. Esta influencia se ejerce a través del marco político de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya sea directa o indirectamente a través de varias ONGs financiadas por Bloomberg.
Si el control efectivo del tabaco significa menos fumadores, el vapeo crea una situación beneficiosa para todos al fortalecer el control del tabaco sin despojar los escasos recursos de las instituciones locales de salud pública
Existen razones estructurales para que Bloomberg’s philanthropy centre sus esfuerzos en los LMIC: (1) estos países a menudo agradecen los fondos privados externos dada la falta crónica de recursos y personal en sus ministerios de salud e instituciones de salud pública, y (2) la mayoría de los gobiernos de los LMIC están bajo regímenes no democráticos, con burocracias de salud pública verticales y no transparentes siempre listas para circular y negociar. Por lo tanto, todo lo que se necesita para que una política se promulgue oficialmente es presionar y convencer al jefe de gobierno, o un grupo suficientemente influyente entre los funcionarios de salud de alto rango.
Para tener una idea del tipo de políticas sobre vapeo (y otros productos de tabaco y nicotina no combustibles) que Bloomberg’s philanthropy recomienda para los LMIC a través de la OMS, es útil examinar el documento titulado «Cuando las prohibiciones son mejores«, producido por The Union, una agencia privada abiertamente financiada por Bloomberg. La The Unión ofrece un plan de política completo para tratar los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados (HTP, también conocidos como productos de tabaco que no se queman), informando a los gobiernos de LMIC que las prohibiciones son preferibles a la regulación.
The Unión justifica la prohibición absoluta con argumentos supuestamente basados en la necesidad de cumplir con el asesoramiento de la política de control del tabaco del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), un tratado internacional sobre la regulación del tabaco patrocinado por la OMS, que ha sido firmado por más de 180 países, incluida la mayoría de los LMIC. A primera vista, estos argumentos pueden parecer razonables, pero una mirada más cercana revela que son recetas reales para el desastre.
Si bien las ventas de cigarrillos electrónicos están, rigurosamente hablando, fuera de la ley, no son operaciones del mercado negro dirigidas por delincuentes, sino por vendedores que actúan dentro de los grandes mercados informales no regulados que prevalecen en la región.
La evidencia de que las recomendaciones de la The Union son tomadas en serio por las autoridades de salud en América Latina es aportada por el endurecimiento gradual de la reciente legislación contra el vapeo, que se ajusta a una clara estrategia de prohibición en la región. Un ejemplo concreto es la prohibición mexicana de importar cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados (y sus consumibles), promulgada por un decreto presidencial el 19 de febrero de este año. El gobierno mexicano recibió elogios oficiales el 31 de mayo (el Día Mundial Sin Tabaco de la OMS) de la OMS por haber promulgado esta prohibición de importación.
Además de la afirmación falsa predecible (presente en prácticamente todos los documentos de la OMS) de que los ENDS (los Sistemas Electrónicos de Entrega de Nicotina, por su sigla en inglés) son una especie de caballo de Troya conspirativo creado por Big Tobacco (las grandes tabacaleras) para reclutar nuevos consumidores al atraer a los jóvenes, el documento producido por The Union argumenta que prohibir los ENDS es preferible a regular por estas razones:
- El contexto político y social de los LMIC es diferente del Reino Unido, donde las instituciones de control del tabaco son sólidas y los objetivos del CMCT se implementan de manera eficiente. Como contraste, dice The Union, las instituciones de control del tabaco en los países de bajo ingreso son débiles. Por lo tanto, una regulación que proporcione acceso legal a productos de nicotina no combustibles al consumidor (cuya seguridad y reducción de daños es cuestionable de todos modos, según The Unión) debilitaría aún más a las instituciones locales de control de tabaco de los LMIC, lo que disminuiría aún más su cumplimiento con las políticas de la CMCT. En otras palabras, los productos de vapeo son una distracción inasequible que evitará la implementación completa de la CMCT en los LMIC.
- La regulación de los productos de vapeo es complicada y costosa, y privará a los ministerios de salud y las instituciones de salud pública de los LMIC de muchos recursos que son muy necesarios para reforzar y fortalecer las instituciones de control del tabaco para lograr el cumplimiento de los objetivos del CMCT.
- Las instituciones en los LMIC son débiles (a diferencia de las instituciones en el Reino Unido), por lo tanto, si los productos de vapeo no están prohibidos, lo más probable es que estén regulados bajo un marco vulnerable. Dado que la corrupción pública es rampante y la aplicación de la ley es laxa, es muy probable que la regulación resultante de los cigarrillos electrónicos en los LMIC contenga muchas lagunas legales que permitan a la industria operar e interferir con los esfuerzos de control del tabaco.
Si bien estos argumentos contienen un núcleo de verdad, un examen más detallado revela su alto potencial de daño.
En primer lugar, el documento comienza con una premisa falsa al negar que el uso de cigarrillos electrónicos es mucho más seguro que fumar cigarrillos de tabaco, algo que es un hecho, no una hipótesis o una posibilidad teórica.
En segundo lugar, es cierto que los objetivos de control del tabaco no se implementan de manera tan eficiente en los LMIC como en el Reino Unido. También es cierto que los ministerios de salud tienen pocos recursos. Sin embargo, estas condiciones proporcionan el escenario ideal que favorece la regulación que proporcionaría a los fumadores adultos acceso legal a los productos de vapeo. Regular y no prohibir los cigarrillos electrónicos permitiría a los fumadores, por iniciativa propia y sin costo para los recursos públicos, optar por cambiar a productos de menor riesgo. Si el control efectivo del tabaco significa menos fumadores, el vapeo crea una situación beneficiosa para todos al fortalecer el control del tabaco sin privar a las instituciones locales de salud pública de sus ya escasos recursos.
En tercer lugar, la prohibición es mucho más costosa que la regulación en términos de recursos públicos: debe aplicarse y vigilarse, y priva a los gobiernos de los ingresos fiscales e impuestos necesarios. Además, dada la corrupción desenfrenada en las instituciones públicas de los LMIC, los recursos ahorrados al evitar la regulación probablemente no se redireccionarán al control del tabaco. El balance de costos en el debate de regulación vs prohibición no puede basarse solo en los objetivos de control del tabaco definidos por la CMCT. También debe tener en cuenta toda la gama de efectos adversos de las prohibiciones: mercados negros, criminalidad, falta de control de calidad y un mayor uso de menores. Definitivamente una situación en que todos van a salir perdiendo.
No es ético considerar las probables consecuencias adversas (no intencionales) como un mero daño colateral que vale la pena aceptar como parte de la gloriosa búsqueda para crear un mundo libre de nicotina
Cuarto, la prohibición de los productos de vapeo favorece el consumo de cigarrillos de tabaco, ya que los productos de vapeo compiten con los cigarrillos tradicionales, lo que no es un beneficio para el avance del control del tabaco. Los ministerios de salud en los LMIC ni siquiera necesitan promover los cigarrillos electrónicos, sino que simplemente regulan su mercado y se concentran solo en enjuiciar al sector ilegal restante. Las autoridades sanitarias pueden avanzar en la consecución de los objetivos de la. CMCT centrándose en aquellos que continúan fumando.
El principal defecto de las recomendaciones de The Union (y todos los documentos de política similares sobre vapeo producidos por los burócratas de la OMS y las agencias financiadas por Bloomberg) es la falta de una consideración adecuada de la realidad de los mercados y de los consumidores en los países de bajos ingresos. Además de los daños sociales que pueden causar, sus recomendaciones de política probablemente chocarán con las realidades de países como México, India, Brasil, Sudáfrica o Nigeria. Es poco ético considerar las probables consecuencias adversas (no intencionales) como un mero daño colateral que vale la pena aceptar como parte de la gloriosa búsqueda para crear un mundo libre de nicotina.
Bloomberg y sus compañeros de viaje del control del tabaco descartan todas las críticas como ingenuas o acusan a los críticos de ser frentes de la industria tabacalera. Sin embargo, tan bien intencionado como sea, el financiamiento de Bloomberg’s philanthropy debe declararse como un gran conflicto de intereses, y debe estar sujeto al mismo escrutinio y responsabilidad que cualquier otra fuente de financiamiento.
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Este artículo lo produjo el equipo de Vaping Today. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a [email protected].
Texto originalmente publicado en vaping360.com
